El término “apartheid” no es nuevo ni exclusivo de Palestina. De hecho, se empezó a usar para referirse al sistema político de Sudáfrica que favorecía la segregación racial y la dominación y opresión de un grupo racial sobre otro. Ahora tiene una connotación más general y se usa para condenar este tipo de sistemas y acciones en cualquier lugar del mundo.
Así pues, podríamos decir que el apartheid es una violación del derecho internacional público y una violación grave de los derechos humanos protegidos internacionalmente.
Podríamos decir que el apartheid es un sistema discriminatorio que se prolonga en el tiempo y que supone que un grupo racial quiere controlar a otro.
La comunidad internacional lleva tiempo dejando de lado los derechos humanos cuando se trata de abordar las décadas de lucha y sufrimiento del pueblo palestino. Los palestinos y palestinas que sufren la brutalidad de la represión de Israel reclaman desde hace más de dos décadas que se entienda el régimen israelí como apartheid. Con el tiempo, ha empezado a cobrar fuerza un reconocimiento internacional más amplio del trato que da Israel a la población palestina como apartheid.
Aun así, los gobiernos con responsabilidad y poder para hacer algo se niegan a tomar medidas significativas para obligar a Israel a rendir cuentas de sus actos. En su lugar, se esconden tras un proceso de paz moribundo a expensas de los derechos humanos y de la rendición de cuentas. Lamentablemente, la situación actual no muestra ningún avance hacia una solución justa sino el empeoramiento de los derechos humanos para la población palestina.
Amnistía pide a Israel que ponga fin al agravio internacional y el crimen de apartheid desmantelando las medidas de fragmentación, segregación, discriminación y privación actualmente vigentes contra la población palestina.
La población palestina está sometida sistemáticamente a demoliciones de viviendas y desalojos forzosos, y vive con el temor constante de perder su casa.
Hace más de 73 años que Israel somete a desplazamiento forzado a comunidades palestinas enteras. Se han demolido cientos de miles de viviendas palestinas, lo que ha causado terribles traumas y sufrimientos. Hay más de seis millones de personas palestinas refugiadas que, en su inmensa mayoría, viven en campos de refugiados, algunos de ellos fuera de Israel y los TPO. En los TPO hay alrededor de 100.000 personas palestinas y otras 68.000 dentro de Israel en riesgo inminente de perder su casa, muchas de ellas por segunda o tercera vez.
La población palestina está atrapada en un círculo vicioso: Israel les exige la obtención de un permiso para construir o erigir siquiera una estructura como una tienda, pero —a diferencia de lo que ocurre con los solicitantes israelíes judíos— rara vez se lo concede. Muchas personas palestinas se ven obligadas a construir sin permiso. Israel derriba las viviendas palestinas porque han sido construidas “ilegalmente”. Israel usa estas políticas discriminatorias de planificación urbana y zonificación para crear unas condiciones de vida insoportables y obligar a la población palestina a abandonar sus casas y permitir la expansión de los asentamientos judíos.
Desde hace 14 años, más de dos millones de personas palestinas de la Franja de Gaza viven bajo un bloqueo ilegal de Israel. Junto con cuatro importantes ofensivas militares, el bloqueo ha tenido consecuencias catastróficas para la población de Gaza.
El bloqueo es una forma de castigo colectivo. Obliga a la población de Gaza —integrada en su mayoría por personas refugiadas o sus descendientes que huyeron en 1948— a vivir en condiciones cada vez más difíciles. Hay una grave escasez de viviendas, agua apta para el consumo, electricidad, medicamentos esenciales y atención médica, alimentos, material educativo y materiales de construcción. En 2020, Gaza tenía la tasa de desempleo más alta del mundo, y más de la mitad de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza.
El 30 de marzo de 2018, la población palestina de Gaza lanzó la Gran Marcha del Retorno, una serie de manifestaciones masivas semanales junto a la valla que separa Gaza de Israel.
Exigían su derecho a retornar a sus pueblos y localidades en lo que ahora es Israel, así como el fin del bloqueo de Gaza por Israel. La respuesta fue brutal: al terminar 2019, las fuerzas israelíes habían matado a 214 civiles, incluidos 46 menores, y causado heridas a más de 8.000 con munición real. De éstas, hubo que practicarles amputaciones a un total de 156. Más de 1.200 pacientes necesitaron durante largo tiempo atención terapéutica y de rehabilitación compleja y costosa, y decenas de miles de personas más necesitaron ayuda psicosocial; ninguno de estos servicios es fácil de encontrar en Gaza.
El bloqueo impide el acceso de la población palestina a atención médica adecuada y, en concreto, a tratamientos médicos que salvan vidas y de urgencia que sólo están disponibles fuera de Gaza. Las autoridades israelíes suelen retrasar la concesión de estos permisos y a veces no los dan.
Adham al Hajjar, de 36 años, es periodista independiente y vive en la ciudad de Gaza. El 6 de abril de 2018, mientras cubría las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno, le dispararon unos francotiradores israelíes situados a lo largo de la valla que separa Gaza de Israel. No puede recibir en Gaza la ayuda médica que necesita debido a la precariedad de los servicios sanitarios de este territorio.
Sistema de opresión y dominación
Desde su creación en 1948, los sucesivos gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina. Este sistema se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que Israel ejerce el control sobre los derechos de la población palestina, pero la intención es siempre la misma: privilegiar a la población israelí judía a expensas de la palestina. Las autoridades israelíes hacen esto por medio de cuatro estrategias principales:
Fragmentación en dominios de control
Parte esencial del sistema es mantener a la población palestina separada entre sí en diferentes dominios territoriales, jurídicos y administrativos
Décadas de confiscación discriminatoria de tierras y propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos
Un sistema de leyes y políticas que mantienen a la población palestina en enclaves, sometida a varias medidas que controlan su vida y segregada de la población israelí judía.
El empobrecimiento deliberado de la población palestina que la mantiene en gran desventaja respecto de la israelí judía.
Fragmentación en dominios de control
Durante la creación de Israel como Estado judío en 1948, Israel expulsó a cientos de miles de personas palestinas y destruyó cientos de pueblos palestinos en lo que constituyó una limpieza étnica.
Desde entonces, los sucesivos gobiernos han ideado leyes y políticas para garantizar la fragmentación continua de la población palestina. Ésta vive confinada en enclaves en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en las comunidades refugiadas, donde es sometida a diferentes regímenes jurídicos y administrativos. Esto tiene el efecto de debilitar los lazos familiares, sociales y políticos entre comunidades palestinas y de reprimir la disidencia constante contra el sistema de apartheid; también contribuye a maximizar el control israelí judío sobre la tierra y a mantener una mayoría demográfica judía.
Millones de personas palestinas permanecen desplazadas como refugiadas y continúan aisladas físicamente de las que residen en Israel y los TPO merced a la negación continua por parte de Israel de su derecho a volver a sus casas, pueblos y localidades.
Desde 1948, Israel ha hecho confiscaciones masivas y crueles de tierras para desposeer a la población palestina de sus tierras y casas. Aunque la población palestina en Israel y los TPO está sometida a regímenes jurídicos y administrativos diferentes, Israel usa medidas de expropiación de tierras similares en todas las zonas. Por ejemplo, desde 1948, Israel ha expropiado tierras en zonas de importancia estratégica que incluyen poblaciones palestinas significativas como Galilea y el Néguev/Naqab, y ha usado medidas similares en los TPO tras la ocupación militar por Israel en 1967. Para maximizar el control israelí judío sobre la tierra y reducir al mínimo la presencia palestina, la población palestina está confinada en enclaves separados y densamente poblados. Mientras tanto, las políticas israelíes permiten la asignación discriminatoria de tierras estatales para ser utilizadas casi exclusivamente para beneficiar a personas israelíes judías tanto dentro de Israel como en los TPO.
Los sucesivos gobiernos israelíes persiguen la estrategia de establecer la dominación a través de leyes y políticas discriminatorias que segregan a la población palestina en enclaves basándose en su condición jurídica y su estatuto de residencia.
Israel niega a su ciudadanía palestina sus derechos a la igualdad en la nacionalidad y la condición jurídica, mientras que la población palestina en los TPO sufre graves restricciones a la libertad de circulación. Israel también limita los derechos de la población palestina a la agrupación familiar de un modo muy discriminatorio: por ejemplo, las personas palestinas de los TPO no pueden obtener la residencia ni la ciudadanía mediante el matrimonio, algo que sí está alcance de las personas israelíes judías.
Israel impone asimismo limitaciones severas a los derechos civiles y políticos de la población palestina a fin de reprimir la disidencia y mantener el sistema de opresión y dominación. Por ejemplo, millones de personas palestinas de Cisjordania siguen estando sometidas al régimen militar israelí y a las draconianas órdenes militares adoptadas a partir de 1967.
Privación de derechos económicos y sociales
Estas medidas han dejado a la población palestina marginada, empobrecida y económicamente desfavorecida en Israel y los TPO.
Las décadas de asignación discriminatoria de recursos por las autoridades israelíes en beneficio de la ciudadanía israelí judía en Israel y de los colonos israelíes en los TPO agravan las desigualdades. Por ejemplo, millones de personas palestinas dentro de Israel y Jerusalén Oriental viven en zonas densamente pobladas que, en general, están subdesarrolladas y carecen de servicios esenciales como recogida de basuras, electricidad, transporte público e infraestructura para el agua y el saneamiento.
Las personas palestinas que viven en todas las zonas bajo control de Israel tienen menos oportunidades para ganarse el sustento y participar en actividades empresariales que las personas israelíes judías. Experimentan limitaciones discriminatorias en el acceso a, y el uso de, las tierras de cultivo, el agua, el gas y el petróleo, entre otros recursos naturales, así como restricciones a la provisión de servicios de salud, educación y otros servicios básicos.
Además, las autoridades israelíes se han apropiado de la inmensa mayoría de los recursos naturales de la población palestina en los TPO para beneficio económico de la ciudadanía judía en Israel y en los asentamientos ilegales.
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