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Los tribunales militares israelíes para los palestinos son una mancha para la justicia internacional

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FUENTE: Israel's military courts for Palestinians are a stain on international justice | Palestinian territories | The Guardian

TRADUCCIÓN: Misión Diplomática de Palestina en España (Helena Alcaniz Sobrino)

Sahar Francis, sábado 6 de marzo de 2021

He defendido a personas en este sistema judicial profundamente discriminatorio. Es necesario desmantelarlo, y el Reino Unido puede contribuir en ello.

La inmensa mayoría de los palestinos de Cisjordania han nacido y han pasado toda su vida bajo una ocupación militar israelí que viola su derecho de autodeterminación. Un nuevo informe de la organización activista británica War on Want expone cómo una parte central de lo que sostiene esa ocupación es un sistema judicial militar caracterizado por las violaciones del derecho internacional.

El informe Juez, Jurado y Ocupante es una profunda inmersión en las diversas formas en que se violan los derechos de los palestinos, desde la detención, pasando por el interrogatorio, la condena y el encarcelamiento. Refleja las experiencias de varios abogados y grupos de derechos humanos palestinos. La organización de derechos de los presos que dirijo, ADDAMEER, se enorgullece de aportar pruebas.

Una de las importantes contribuciones del informe es dejar claro que, a pesar de los Acuerdos de Oslo y del establecimiento de la Autoridad Palestina (AP) para los palestinos de Cisjordania, no ha habido, y sigue sin haber, escapatoria alguna del sistema judicial militar israelí.

Independientemente de la existencia del código penal y del poder judicial de la AP, que operan con autonomía limitada en algunas partes de los Territorios Ocupados, todos los palestinos, dondequiera que residan en Cisjordania, siguen estando sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares de Israel si incumplen ciertas leyes.

El impacto de este sistema judicial militar es de gran alcance y profundamente discriminatorio.

Desde 1967, por ejemplo, Israel ha decretado la ilegalidad de más de 411 organizaciones palestinas, incluidos los principales partidos políticos palestinos. Los civiles palestinos son entonces procesados por «pertenencia y actividad en una asociación ilegal», una herramienta clave en la represión israelí del activismo contra la ocupación.

Por su parte, los delitos contra el orden público incluyen el cargo de «incitación», definido como cualquier intento de «influir en la opinión pública... de manera que pueda perjudicar la paz o el orden público». Los palestinos también pueden ser detenidos por «provocar el odio o el desprecio, o la excitación de la desafección contra» las autoridades.

Otros cargos de los que se ocupan los tribunales militares son los de estar en Israel ilegalmente, es decir, los que son sorprendidos buscando trabajo sin permiso, así como las infracciones de tráfico. Estas últimas representan alrededor del 40 % por lo que los palestinos son llevados ante los tribunales militares cada año.

El sistema judicial militar forma parte de una realidad «separada y desigual». A diferencia de los palestinos, los colonos israelíes detenidos en Cisjordania son juzgados en tribunales civiles dentro de Israel. Dos poblaciones, dos sistemas jurídicos diferentes: la mayor organización de derechos humanos de Israel tiene, por tanto, razón al calificar esto como una forma de apartheid.

Dentro de este sistema discriminatorio más amplio, hay graves y específicas violaciones del derecho internacional.

Una de estas violaciones es la tortura, un método que el informe documenta que se utiliza de forma rutinaria, junto con otros actos crueles y degradantes, con el objetivo de obtener confesiones de los palestinos durante los interrogatorios. Se les puede negar el acceso a un abogado hasta 60 días después de su detención. Más tarde, estas confesiones se utilizan como prueba principal para conseguir condenas en los tribunales militares. Un ejemplo de muchos es Tariq, un orientador escolar detenido en 2019 por ser supuestamente miembro de una organización ilegal; su calvario incluyó palizas, posiciones de tensión y abusos verbales. Otra transgresión de la ley tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los prisioneros palestinos están recluidos en cárceles dentro de Israel, a pesar de que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el traslado de prisioneros desde el territorio ocupado al Estado ocupante.

Todo esto ocurre dentro de un sistema que, como sé por mis propios años de experiencia defendiendo a personas en los tribunales militares, no puede ser «reformado», sino que debe ser abolido.

Cualquier Potencia ocupante está obligada a actuar en interés de la población ocupada; Israel, en cambio, está violando los derechos civiles y políticos de los palestinos. Además, como ha expuesto el relator especial de la ONU, Michael Lynk, después de medio siglo, el «papel de ocupante de Israel... ha cruzado una línea roja hacia la ilegalidad».

Reino Unido tiene una función particular y una responsabilidad. Un elemento importante del gobierno militar de Israel en la Cisjordania ocupada es el Reglamento de Defensa (de Emergencia) promulgado durante el mandato británico en Palestina en 1945. En la actualidad, el gobierno británico aprueba la venta de armas, componentes y tecnología militar a Israel, así como la importación de tecnología militar israelí.

Por ello, el informe solicita al gobierno del Reino Unido que aplique un embargo de armas en ambos sentidos, y también insta al gobierno a aumentar el apoyo a los defensores y organizaciones palestinas de derechos humanos.

Ejercer una presión significativa sobre Israel para que ponga fin a su ocupación y a su sistema judicial militar es la respuesta necesaria a un error histórico y a una injusticia actual. Para los hombres, mujeres y niños palestinos sometidos a una kafkiana negación de su libertad, no solo es necesario, sino urgente.

 

 

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