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La ocupación israelí como amenaza al orden mundial basado en normas

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Por Majdi Khaldi [1]

 El 18 de septiembre de 1967, aproximadamente cuatro meses después de que Israel ocupara el 22 por ciento que queda de la Palestina árabe, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí presentó un dictamen jurídico a la oficina de su primer ministro conocida como la “Opinión Meron”, que pretendía responder a las preguntas sobre los asentamientos en los territorios ocupados. “Mi conclusión es que los asentamientos civiles en los territorios administrados contravienen las disposiciones explícitas de la Cuarta Convención de Ginebra”, concluía la nota que, aunque utilizaba el término político “administrados” en lugar de “ocupados”, reconocía el carácter de Israel como potencia ocupante, incluyendo la aplicabilidad de la Cuarta Convención de Ginebra.

Pero esta opinión “desapareció” rápidamente de la mesa del primer ministro israelí, e Israel se negó a reconocer sus obligaciones, mientras que la comunidad internacional no tomó ninguna medida para honrar los derechos del pueblo de Palestina. Se conoce el resultado: Israel ha ignorado totalmente sus obligaciones según el derecho internacioanl. Paralelamente, Israel se ha movido en dos vías que forman parte del mismo camino: una anexión de jure de Jerusalén Oriental y de las vastas zonas de su entorno, así como una anexión del facto del resto del Territorio ocupado. El “Dictamen Meron” no solo demuestra que Israel sabía lo que estaba haciendo desde el principio, sino que también sirvió de prueba para ver la reacción de la comunidad internacional.

Tanto si la comunidad internacional quiere reconocer los hechos sobre el terreno o no, ha quedado claro que la tolerancia por los crímenes y las violaciones de Israel se han convertido en una amenaza para la idea misma de un orden mundial basado en normas. Ha permitido a Israel seguir adelante con el proyecto “Gran Israel”, negando los derechos del pueblo palestino e impulsando un proceso de anexión en curso que involucra la imposición de una empresa de asentamiento colonial y su infraestructura conexa. En la actualidad hay casi 700.000 israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO).

Ambas, la colonización y la anexión son respectivamente equivalentes a crímenes de guerra y crímenes contra los derechos humanos. Si acaso, Israel ha sido recompensado. Mientras que la norma sugiere que la responsabilidad y la justicia son requerimientos básicos para la paz, cuando se trata de Palestina, están aquellos que siguieren que a Israel debería concedérsele la inmunidad, se sostiene incluso la idea de que debería lloverle cumplidos tales como “valores compartidos” o el de ser una “democracia vibrante”, para incentivar a Israel a que logre una solución. Pero la teoría y la práctica sugieren otra cosa.

Si acaso, la inmunidad ha sido un elemento clave para desarrollar la actual realidad del apartheid, como denuncian las prestigiosas organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Watch o el B’Tselem. Israel ya no tiene miedo de mostrar su verdadera cara, como se vio durante la aprobación de la ley racista del Estado-nación judío en 2018, y es precisamente la combinación de docenes de leyes las que solo discriminan a los palestinos dondequiera que estén, además de las políticas y las prácticas de esta Empresa de asentamiento-colonial que evitó el logro de una solución justa y duradera.

La comunidad internacional puede condenay, de hecho, ejercer presión, como se ha visto en casos tales como Khan al-Ahmar y Sheikh Jarrah, pero en este caso nada ha cambiado: Israel puede retrasar la ejecución de sus planes en un caso en concreto, pero las leyes y las políticas que prohíben estos crímenes siguen vigentes. Dejemos también constancia de lo siguiente: estas políticas no surgen en el vacío y no las establece un grupo de colonos radicales, sino que son políticas del Estado. Lo menos que la comunidad internacional puede hacer es asegurarse de no participar en la negación de nuestros derechos, como quedó claro en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el muro de anexión ilegal de Israel. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deja clara la necesidad de diferenciar entre Israel y los territorios que ocupa, pero sobre el terreno tenemos fundaciones, empresas y personas extranjeras que desempeñan un papel activo en esta empresa colonial de asentamientos, incluso a través de empresas de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Corea y México, por mencionar algunas.

El mensaje de impunidad ha sido transmitido a los colonos israelíes. Saben que sus crímenes quedarán, en gran medida, impunes y, como se ve regularmente, seguirán siendo protegidos por las fuerzas israelís mientras siguen cometiendo crímenes terroristas destinados a desplazar a los palestinos a la fuerza. Estos ataques van desde la quema de mezquitas o iglesias hasta el asesinato de palestinos, e incluyen la destrucción de infraestructuras, campos agrícolas y vehículos. Durante 2021, ha habido cientos de víctimas de este tipo de ataques. Solo en mayo hubo 187 casos documentados (frente a los 44 del año anterior). Las cifras han seguido siendo significativas bajo el nuevo gobierno israelí, incluso mediante marchas de colonos israelíes en el Jerusalén Oriental ocupado y en otros lugares donde corean “Muerte a los árabes” y “Tu pueblo arderá”. Estas consignas se escuchan incluso en los partidos de fútbol de la liga israelí.

Israel disfruta de las relaciones privilegiadas que tiene con la Unión Europea a pesar de que su Acuerdo de Asociación bilateral incluye una clara referencia en la que se afirma que “las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política interna e internacional y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo”. ¿Puede alguien afirmar que el mismo Israel que niega el derecho a la autodeterminación de los palestinos cumple esos principios?

La Unión africana, una antigua aliada de Palestina, ha aceptado la condición de observador de Israel a través de su presidente de la Comisión sin pedir ninguna medida para respetar los derechos del pueblo palestino. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos estable que “todos los pueblos tendrán derecho a la asistencia de los Estado Partes en la presente Carta en su lucha de liberación contra la dominación extranjera, ya sea política, económica o cultural”. La adhesión de Israel es un paso en la dirección contraria en lo que respecta a los derechos de los palestinos. Sabemos que ese paso fue rechazado por varios países africanos y puede provocar su congelación.

¿Puede alguien poner en duda el compromiso de los miembros de la Unión Europea y la Unión Africana con los derechos del pueblo palestino? Por supuesto que no. Pero el mensaje que recibe Israel, como Benjamín Netanyahu declaró en su día, sus relaciones políticas siguen “floreciendo” mientras se siguen violando los derechos de los palestinos.

Apoyar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación incluye una serie de pasos y, de hecho, estamos muy agradecidos a todos los países que contribuyen a nuestra economía y el desarrollo de nuestras instituciones. Sin embargo, recompensar a Israel contradice sus objetivos declarados. Al mismo tiempo, varios países afirman apoyar los derechos de los palestinos y la “solución de dos Estados”, pero siguen evitando el paso básico de reconocer el Estado de Palestina.

Un embajador me preguntó una vez qué sería lo mínimo con lo que se conformarían los palestinos. Mi respuesta fue que no existen atajos para conseguir la dignidad y los derechos de nuestra nación: la paz requiere un desmantelamiento de todas las políticas de supremacía y colonialismo. Esto incluye la libertad del Estado de Palestina en la frontera de 1967, con Jerusalén Este como capital. Respetar estos principios básicos de igualdad, libertad y seguridad para todos es el núcleo de un orden mundial basado en normas. Israel se opone a estos principios y se burla de todo el concepto, principalmente porque supone que no recibirá consecuencias por ello: las afirmaciones de que Israel respeta el “Estado De derecho” o que es una “democracia” son tópicos que no pasan la prueba cuando se trata de los derechos del pueblo palestino.

Las prácticas de la Potencia ocupante de robo de tierras del Estado de Palestina en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén. Este, así como el bloqueo de la Franja de Gaza, amenazan con eliminar lo que queda de la visión de una solución de dos Estados. La alternativa que ofrece no es un Estado democrático para todos, sino una entidad racista que promueve la supremacía judía a lo largo de toda la palestina histórica. Este juego se ha abierto para todos: si Israel no quiere la solución de los dos Estados y rechaza la igualdad a través de un solos Estado, su política elegida puede ser simplemente un régimen de apartheid. Los palestinos representan hoy más del 50% de la población entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, y ellos, como cualquier otro pueblo en nuestro lugar, jamás aceptarían vivir como esclavos a los que les niegan sus derechos.

La opinión pública internacional ha empezado a darse cuenta de esta realidad. De hecho, hay una tendencia creciente, incluso en los Estados Unidos, a apoyar el cumplimiento de los derechos del pueblo palestino, poniendo fin a la ocupación israelí y a las políticas de supremacía judía. Dado que nos encontramos en un punto de inflexión, Israel no puede evitar responder si quiere una solución de dos Estados, es decir, dos Estados soberanos y democráticos que convivan en la frontera de 1967, o un Estado con igualdad de derechos para todos, independientemente de su origen religioso, nacional o étnico. La “elección” de Israel del apartheid no puede sino recibir el rechazo internacional a través de las herramientas disponibles en el derecho internacional para quienes cometen crímenes contra la humanidad.

El artículo 1 de la Carta de la ONU, sobre los objetivos de la organización, es inequívoco: “Mantener la paz y la seguridad internacionales y, a tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir quebrantamientos de la paz”. Traducir esto sobre el terreno debe incluir la protección del pueblo palestino de los ataques de la ocupación, incluidos aquellos perpetrados por los colonos como primer paso. Esta protección debe incluir la inclusión de las organizaciones de colonos en la lista de ilegales e impedir su financiación desde cualquier parte del mundo.

Dejar la cuestión de Palestina sin resolver al no aplicar los principios que la comunidad internacional ha establecido para la paz y la seguridad mundiales, incluido el derecho a la autodeterminación, está conduciendo a una pérdida de esperanza en la integridad del orden internacional existente, incluidas sus instituciones. Seguimos escuchando comentarios de ciertos países que se oponen a nuestra actividad en los foros multilaterales, alegando irónicamente que se está “señalando” a Israel, mientras que en realidad están premiando los crímenes que impiden a nuestra nación disfrutar de sus derechos. No es de esta manera como se construye un orden mundial basado en normas. Hace tiempo que debería haberse tomado las decisiones para obtener justicia, libertad, igualdad y dignidad para todos. 

18/09/2021

Fuente: https://www.nad.ps/en/media-room/op-eds/israeli-occupation-threat-rules-based-world-order

Traducido para la Misión Diplomática de Palestina por Sara Reguera Mateo




[1]

El Dr. Majdi Khaldi es el Asesor de Asuntos Diplomáticos del Presidente del Estado de Palestina.

 

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